¿Una medida desesperada?
Resumen telegráfico: el debate largo; el Estado, en excelente condición, pero la nación fatal. Esta incoherencia alcanzó su máximo grado ayer cuando, después de un discurso muy autocomplaciente en lo económico, Mariano Rajoy anunció la principal medida de toda su comparecencia: la bonificación inmediata de las cotizaciones sociales de los nuevos contratos de trabajo con una tarifa plana de 100 euros durante 24 meses.
Era difícil sacar pecho sobre lo bien que va la economía desde que nos libramos del fantasma del rescate sin recordar que más de la cuarta parte de la población activa sigue en paro. Por eso la ocurrencia de la tarifa plana luce como una medida desesperada de último minuto. Primero, porque la Seguridad Social tiene un déficit creciente que ya da muchos dolores de cabeza a Montoro y esta medida no contribuirá a cuadrar su balance. Segundo, porque nadie ha hecho números sobre el impacto que esta decisión tendrá en las cuentas públicas. Tercero, porque la medida ni siquiera ha sido perfilada en sus detalles. Por ejemplo: ¿un nuevo contrato remunerado con más de 80.000 euros al año también cotizará 1.200 euros a la Seguridad Social como aquel de 20.000 euros que puso como ejemplo el presidente?
Lo más probable es que, cuando los técnicos metan mano a la medida, ésta quede sometida a tantas condiciones que su impacto se vuelva irrelevante. Una lección más de que una bienintencionada intervención en la economía acaba provocando nuevas intervenciones, cada vez más bienintencionadas.
De este anuncio se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que el Gobierno, afortunadamente, comprende que las cotizaciones sociales actúan como un impuesto al trabajo y que es necesario reducirlas. La otra es que, conscientes del problema, nuestros políticos son incapaces de reformar a fondo la Seguridad Social para que, en vez de ser un lastre para las finanzas públicas, se convierta en un elemento dinamizador de la economía.
Rajoy no tuvo reparos en presumir de que hoy gastamos 15.600 millones de euros más en pensiones que en 2011 y que la partida de desempleo ronda este año ya los 30.000 millones, un 10% más que el año anterior. El presidente sabe que estos números son los que le permiten neutralizar las acusaciones de Rubalcaba de que el PP gobierna para los empresarios y el gran capital. Nadie se cree esas diatribas porque no son ciertas. El Gobierno puede ser incompetente –en la reforma eléctrica lo ha demostrado–, pero de ninguna manera son lacayos del Ibex 35.
Como Rajoy sabía que Rubalcaba transitaría este camino trillado, le esperaba en la primera réplica con un argumento que hasta el día de hoy el PSOE no puede explicar con claridad: ¿por qué la recaudación del Impuesto de Sociedades se hundió desde más de 40.000 millones en 2007 a poco más de 16.000 millones en 2011? Éste es uno de los grandes misterios de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero el gasto público es una materia donde es delicado presumir, sobre todo si cada año te faltan más de 60.000 millones para cuadrar tus cuentas. Debajo de este lustroso Estado y de su gasto desmedido está la nación española, cuarteada y empobrecida, a la que tanto Rajoy como Rubalcaba culpan de no aportar los dineros para financiar su juego. «Estoy de acuerdo con usted en que tenemos un problema de ingresos», le dijo el jefe de la oposición. Esta frase que los políticos repiten como un mantra fue el único punto de acuerdo en su intercambio de mandobles. Ésa y el silencio en torno a ETA. Nadie recordó ayer que en España nunca se han recaudado más de 433.000 millones de euros, que fue la cifra récord que ingresaron las administraciones públicas en 2007. Pese a ello, en 2012 el gasto público, incluido el rescate bancario, se fue por encima de los 450.000 millones.
johnmuller.es@gmail.com